El líder comunitario denunció el que el USACE no analizara los riesgos por fallas por deslizamientos, inundaciones, sismos y tsunamis, entre otros, y que en su lugar afirmara que “presume que los profesionales y contratistas van a diseñar y construir un gasoducto seguro”.
“El informe es deficiente e incompleto y acepta que no evaluó otras alternativas para reducir la dependencia del petróleo, sólo el gasoducto del norte. También concluye que aunque no se alcance la meta y los propósitos del proyecto, cualquier ahorro que se produzca, beneficia a la economía. Ese análisis no es ya mediocre, sino bajo, risible e irresponsable”, sentenció Massol.
“Hay mucho de desprecio a la vida en este informe y el principal responsable es el gobernador Luis Fortuño. Cuando lo que está en juego son 200 mil vidas de nosotros, los puertorriqueños, no hacer un buen trabajo de análisis, científico, mesurado y escrupuloso, eso es desprecio”, expuso.
A fortalecer alianzas
“Ante esta situación, convocamos a organizaciones sindicales, grupos estudiantiles, profesionales, religiosos, culturales y pueblo en general; a los afiliados al PNP que en su mayoría se opone al gasoducto al igual que el PPD, el PIP que históricamente ha estado en primera fila de lucha; convocamos a la unidad de pueblo de Puerto Rico contando con nuestros compatriotas residentes en los Estados Unidos, y conformar una gran alianza para pasar de la indignación a la acción para salvar los bosques, las aguas y la gente amenazada por el gasoducto de la muerte”, exhortó Massol.
Recomendó al gobierno de Puerto Rico que, de manera sensata y sosegada, evalúe otras alternativas. Dijo que Casa Pueblo se ofrece al diálogo para resolver la situación.
Responsabilidad local
Ante el asunto del monopolio de EcoEléctrica como único suplidor de gas natural, y que implica que una falla en la tubería afectaría la generación eléctrica de toda la Isla, el USACE “responde fríamente que ellos no van a opinar sobre el asunto, es decir, se lavan las manos”, señaló.
Sobre la preocupación latente de explosiones en comunidades cercanas a la tubería y densamente pobladas como en Levittown, el USACE acepta “que no buscó información para confirmar lo expuesto en el análisis de riesgo realizado por la doctora Carmen Ortiz Roque, y que tampoco buscó recursos independientes para atender este asunto de derecho a la vida. Dicen que de haber riesgos es responsabilidad del gobierno local. Pero eso sí, acepta que las medidas de la Autoridad no eliminan los riegos de perder la vida”, destacó.
Igualmente, de acuerdo con Massol, el USACE deja fuera de consideración la falta de parques de bombas, bomberos, hidrantes en caso de fuego y asuntos como el impacto significativo con la construcción de 100 millas de gasoducto, “con cruces de 235 veces de ríos y quebradas, de la zona de carso que produce más del 25% de las aguas de Puerto Rico, de desmonte y movimiento de tierra a través de montañas con pendientes de más de 30 por ciento de inclinación, entre otros impactos incluyendo la destrucción de 1,500 cuerdas de bosques”.
“Esta Evaluación Ambiental Preliminar presentada al pueblo de Puerto Rico representa un acto de cinismo y racismos donde no le importa la vida, la economía y el porvenir del país. Este documento anticientífico, deficiente representa un bochorno para el gobierno de los Estados Unidos. Los autores, desde Pantano a Barron, deben ser destituidos de sus puesto”, opinó Massol.
Aseguró que la Comisión Técnica y Científica de Casa Pueblo, profesores, investigadores y grupos comunitarios opuestos al gasoducto del norte impugnarán el proceso de evaluación, toda vez que el mismo incumple con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).
Recomendación al Gobierno de Puerto Rico
“Alargar el final de la Vía Verde equivale mantener contratos y cabilderos millonarios que seguirá endeudando la AEE con resultados negativos en alcanzar la reducción de las tarifas de la luz.
Recomendamos al gobierno de Fortuño de manera sensata y sosegada evalué otras alternativas por lo que Casa Pueblo se ofrece al diálogo. Recordamos que existe una gran posibilidad de una acción legal de parte de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, Universidad de Vermont y Servicios Legales de Puerto Rico que pondrán más obstáculos y gasto a la Vía Verde.
Recordamos que continuaremos en la ruta de los próximos 30 días, esperaremos por la posible acción legal de parte de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, Universidad de Vermont y Servicios Legales de Puerto Rico y si estos esfuerzos no dan resultado tendremos que recurrir a la auto defensa de las aguas, los bosques y la seguridad de nuestra gente”, finalizó Massol, receptor del premio Goldman, máxima condecoración ambiental a nivel internacional.
