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La alta tasa de cesáreas en Puerto Rico —que supera ampliamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud— ha llevado a especialistas, legisladores y profesionales de la salud a coincidir en que atender el problema requiere cambios de política pública, fortalecer la partería, atajar la crisis de obstetras que vive la Isla y mejorar la colaboración entre estas disciplinas.

Desde el Senado se ha promovido legislación para reconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes, como un primer paso para consolidar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y desalentar intervenciones indebidas en el proceso de parto. También para definir la violencia obstétrica con el objetivo de prevenirla. Sin embargo, las medidas no han prosperado.

Aunque las reformas legislativas y los cambios en política pública parecen estar lejos de materializarse, la partería ha existido desde siempre y permanece hoy como una alternativa para acompañar partos dignos, informados y respetuosos, como dan cuenta los testimonios recopilados para este reportaje.

A pesar de que las parteras han sido desplazadas durante décadas por la llegada de la medicina moderna y el estigma que se creó en torno al parto en el hogar, hay quienes abrazan su labor y las posicionan como una alternativa para atajar la alta tasa de cesáreas en Puerto Rico (50.6% en el 2023, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Salud de Puerto Rico). Incluso organismos internacionales respaldan la promoción de la partería frente a la violencia obstétrica.

El reto está en devolverle a este oficio ancestral su importancia social, pero también dotarlo de aquello que necesita para que sea una alternativa realmente accesible para mujeres y personas gestantes.

En la medida en que la medicina se fue desarrollando, la partería se mantuvo como la única opción en determinadas zonas geográficas, mientras en otras fue sustituida por el trabajo de los médicos.

Antes del establecimiento de los hospitales, los nacimientos se atendían en las casas por parte de médicos o de comadronas. Este es el nombre que se les daba a las mujeres que facilitaban los partos, cuando no existían estudios formales sobre la práctica.

Por lo tanto, el descrédito de la partería es un tema relativamente reciente.

La partera es una profesional de la salud dedicada al cuidado integral de la mujer, principalmente en el acompañamiento durante el embarazo, parto y posparto, e incluso desde la etapa previa a la concepción, explicó la presidenta de la Asociación de Parteras de Puerto Rico, Yarilis García Ramos.

Su trabajo está enfocado, sobre todo, en atender a familias que planifican un parto fuera del hospital, particularmente en el hogar.

“Para mí [ser partera] es cuidar a las familias con respeto, con un cuidado en donde ellas se sientan que son autónomas de las decisiones que van tomando, brindándoles siempre información para que ellas puedan decidir y objetivamente tomar decisiones a lo largo del camino, brindarles oportunidades de partos en libertad, de procesos fisiológicos, marchando al ritmo del cuerpo, en un país donde actualmente la tasa de cesáreas está en un 50% y un poquito más. Así que es brindar oportunidades que por naturaleza deberíamos tener, pero que no es la realidad de lo que estamos viviendo”, expresó García Ramos.

En el parto, su rol es supervisar que el proceso se mantenga dentro de parámetros normales, apoyar el desarrollo fisiológico del nacimiento y estar atenta a cualquier desviación que requiera intervención o traslado al hospital. Luego del nacimiento, continúa el acompañamiento durante las primeras semanas con seguimiento a la recuperación de la madre, la lactancia y el desarrollo del recién nacido, manteniendo una atención cercana y continua a ambas partes.

García Ramos señaló que la población que atienden es muy diversa, tanto en edad como en nivel socioeconómico y profesional. Incluye desde embarazadas jóvenes hasta mayores de 40 años, así como personas amas de casa, profesionales e incluso médicas que eligen parir con acompañamiento de partera.

Indicó también que reciben familias con recursos económicos variados: algunas pueden costear el servicio completo, mientras otras con menos recursos los acceden mediante descuentos, acuerdos o trueques. En ese sentido, señaló que han buscado mantener la partería lo más accesible posible para distintas familias.

Los servicios de partería pueden costar entre $2,000 y $4,000, dependiendo del paquete contratado. Sin embargo, estos servicios no son cubiertos por los planes médicos. Para ampliar el acceso a este modelo de atención, la partera Paloma del Mar Hernández Quiñones señaló que existen distintas alternativas para ayudar a costearlos.

“Hay espacios [y] prácticas que reciben fondos y que están supuestos a que con estos fondos se puedan hacer más accesibles los servicios. No hay servicios de partería libres de costos, porque no es una realidad. Las parteras también vivimos en unas situaciones bien precarias a nivel económico, pero sí trabajamos planes de pago”, recalcó.

Asimismo, García Ramos abundó que en medio de catástrofes, como terremotos, huracanes y otros eventos cuando el sistema de salud se satura o colapsa, las parteras se convierten en “respondedoras de primera línea” y resaltó que su trabajo sigue existiendo, a diferencia de las salas de maternidad de los hospitales y las oficinas médicas de obstetricia que han mermado en tiempo reciente.

Hernández Quiñones explicó que el interés por parir de esta manera ha crecido impulsado, en parte, por las redes sociales. Aunque los partos atendidos por parteras siguen siendo una minoría, señaló que las experiencias compartidas por mujeres y personas gestantes en estas plataformas han despertado el interés de otras personas por este modelo de atención.

Según un reporte comunitario de la Asociación de Parteras de Puerto Rico correspondiente a 2021, 226 personas gestantes de bajo riesgo iniciaron un plan de parto en casa con la organización. De ese grupo, el 87% continuó con el plan, mientras que el 13% fue transferido a otro modelo de atención por el desarrollo de condiciones fuera del alcance de las parteras o por decisión propia.

Esas son las estadísticas más recientes de esta práctica en Puerto Rico, un vacío que es producto, en parte, de la falta de regulación.

Aunque desde el 2023 Puerto Rico reconoce oficialmente el 5 de mayo como el Día de la Partería mediante la Ley Núm. 31 que busca educar y sensibilizar sobre la historia y aportación de esta profesión, una de las barreras que enfrenta este oficio para su crecimiento en la isla es la falta de escuelas para formar parteras, según García Ramos.

“Todas las parteras profesionales certificadas que ejercemos aquí hemos tenido que estudiar fuera de Puerto Rico, así que no es que nos estén cerrando la puerta, es que esa puerta nunca ha estado abierta. La partería en Puerto Rico no está regulada, así que al no haber una regulación, no ha habido un interés por hacer una escuela de partería. Siempre hemos sido poquitas parteras en la isla ejerciendo”, expresó.

Es por esto, señaló, que las parteras han operado de manera autónoma, desarrollando sus propios protocolos, y que muchas han tenido que certificarse en Estados Unidos para poder ejercer y mantener su certificación activa mediante educación continua.

En la isla existen 11 parteras certificadas. Sin embargo, aún no cuentan con el número exacto de enfermeras parteras que ejercen en el país.

García Ramos mencionó que otro de los retos es la falta de cobertura de los planes médicos a los servicios de partería, lo que limita el acceso de muchas familias a un modelo de cuidado más completo y colaborativo como el que existe en otros países, incluyendo diversos estados de Estados Unidos.

Añadió que, debido a la falta de apoyo institucional, las embarazadas atendidas por parteras deben acudir a médicos para obtener referidos necesarios para laboratorios y sonogramas, ya que las parteras no pueden emitirlos, lo que dificulta la continuidad del cuidado.

“La partería existe antes que la obstetricia. En todo caso, la obstetricia trató de reemplazar la partería, que es diferente. Algo que existe primero no puede reemplazar algo que viene después…Nuestro trabajo no es igual, pero definitivamente uno puede complementar al otro en la medida en que surjan las necesidades de colaboración”, indicó.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón planteó que Puerto Rico podría seguir el modelo de otras jurisdicciones donde las parteras cuentan con prácticas reconocidas dentro de hospitales y los obstetras cumplen una función de respaldo cuando es necesario.

“Deberían tener presencia y debe ser una alternativa que tenga la mujer parturienta: o que su parto sea un parto en el hogar, o que reciba la asistencia de una partera, o de una enfermera partera, en un espacio hospitalario”, señaló la senadora, quien ha propuesto legislación para reconocer la violencia obstétrica y ampliar los derechos de las mujeres y personas gestantes.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez, no favorece que se propicie tal colaboración. En su lugar, sostuvo que la prioridad debe ser retener al personal médico existente mediante medidas legislativas y no recurrir a la delegación de funciones médicas a otros grupos, refiriéndose a las parteras.

“Hay personal médico. Hay que ayudar a que el médico se quede en Puerto Rico, no buscar otro grupo para sustituir a los médicos. Tenemos que actuar responsablemente con las leyes que se hacen para promover que se queden los médicos.  No es para promover darle facultades médicas a otros grupos. No, no, de esa manera no. No será ese el problema. Primero hay que buscar las alternativas de cómo retener a los médicos, porque así da cuenta que las parteras no son doctoras y llegar a estas funciones no, no me gusta”, manifestó el galeno.

Hernández Quiñones, también coordinadora del programa SEPare de la organización Caderamen, criticó que se aisle a las parteras por no ser doctoras en medicina (MD) y calificó esa postura como “soberbia” e “irresponsable”.

“Es irresponsable para las mujeres y las personas que gestan, las mismas que el gobierno les exige tener más hijos, las mismas a las cuales se les atribuye que, por no estar pariendo pues les vamos a cerrar las salas de hospitales, las salas de parto, no vamos a tener tantos médicos, no vamos a crear un espacio amigable para que los obstetras se queden, porque pues no hay negocio si las mujeres están para parir y no lo están haciendo”, reiteró Hernández Quiñones.

La partera agregó que la colaboración debería existir y sería provechosa incluso para un parto programado para el hospital.

“La persona se nutre con citas de continuidad conmigo. La expectativa es parir en el hospital, pero no se quiere ir con el primer dolor, porque si tú te vas para el hospital con el primer dolor es abrir la cadena de intervenciones”, señaló.

“Cuando empieza con contracciones, la partera va a la casa, monitorea todo el proceso de trabajo de parto y lo maneja allí, a su ritmo, con su familia y con libertad de movimiento. Cuando ya estamos más avanzadas, nos movemos al hospital. ¿Qué hicimos? Reducir las intervenciones”, afirmó Hernández Quiñones.

Al preguntársele cómo la partería podría ayudar a reducir la tasa de cesáreas en Puerto Rico, Hernández Quiñones opinó que los beneficios excederían esa meta.

“Las doulas y las parteras, no solamente de cara a las cesáreas, sino en términos de la salud sexual y reproductiva, se consideran una intervención de salud pública importante y necesaria por algo que nosotras podemos dar y que el sistema médico no puede absorber, que es la continuidad del cuidado y los servicios”, explicó.

“La partería compensa y lo hemos visto en otras jurisdicciones donde se ha apostado por la integración de las parteras en el modelo médico para ayudar a reducir desde mortalidad neonatal, mortalidad materna, sepsis y problemas con los recién nacidos. Porque el modelo de la partería está enfocado, más allá del parto, en consentimiento informado, cuidado basado en evidencia, centrado en la persona y culturalmente apropiado”, añadió.

Por su parte, la senadora Santiago Negrón opinó igualmente que ampliar el acceso a la partería y a los centros de nacimiento ayudaría a reducir las intervenciones innecesarias, especialmente las cesáreas.

“Hay una cosa muy espantosa, es que utilicemos la expresión parto humanizado, pero es la manera de distinguirlo de la visión patológica que tienen los hospitales y los obstetras del proceso de parto. Pero, ciertamente, sería importantísimo para reducir la tasa de cesáreas. Además de que se ha documentado que la atención prenatal también mejora con la presencia de una partera en ese cuidado”, sostuvo la legisladora.

Para la senadora Santiago Negrón, parte de la respuesta pasa por fortalecer los mecanismos de fiscalización de la profesión médica.

“La realidad es que yo nunca he pretendido que desde la Legislatura se regule la profesión [la obstetricia]. La profesión debería autorregularse, y desde las juntas licenciadoras hasta los códigos de ética y los procedimientos disciplinarios en la profesión, pero la realidad es que eso no está pasando”, señaló.

Bajo esa premisa, Santiago Negrón, junto a la senadora Ada Álvarez Conde y el senador Adrián González Costa, presentó el Proyecto del Senado 445 para reconocer la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos y establecer un mecanismo civil para atender estos casos. La medida no prosperó luego de recibir un informe negativo de la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Ángel Toledo.

La legisladora también impulsó el Proyecto del Senado 225 para crear un registro público de las tasas de cesáreas por obstetra y establecer que estas intervenciones respondan exclusivamente a criterios clínicos. De igual manera, la medida recibió un informe negativo.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos planteó que reducir las cesáreas requiere una estrategia coordinada entre médicos, hospitales, aseguradoras y el gobierno. A su juicio, primero es necesario identificar las causas del problema.

“Si es cuestión de que es por un daño legal, pues vamos a hacer enmiendas legales. Si es por la aseguradora, pues vamos a atender la aseguradora”, expresó.

Díaz Vélez también insistió en que el Departamento de Salud debe asumir un rol más activo para coordinar protocolos y atender la escasez de obstetras y el cierre de salas de parto. Alegó que muchos médicos desean permanecer o regresar a la Isla, pero que “una de las condiciones que más motiva al médico a irse” es el bajo pago que reciben de las aseguradoras.

La senadora Santiago Negrón recordó que una resolución que presentó para investigar la reducción de salas de parto también fue archivada.