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Amariliz Rivera esperaba tener a su primer hijo por parto vaginal, pero su ginecólogo obstetra la indujo a una cesárea que se convirtió en una experiencia “bastante traumática” que le dejó secuelas emocionales con las que todavía tiene que lidiar.

“Es un tema que todavía trabajo a nivel emocional, a pesar de que ya han pasado 13 años, porque sí, fue una cesárea innecesaria, una cesárea innecesaria que incluso el doctor con el que trabajé el segundo parto (en el 2018) lo confirmó”, compartió la orocoveña.

En su caso, el médico programó la cesárea a las 39 semanas de gestación porque supuestamente el bebé estaba muy arriba en el útero y la placenta corría el riesgo de deteriorarse. A esa fecha, la mujer había llevado un embarazo saludable y no tenía hipertensión, diabetes ni ninguna condición que la colocara en la categoría de alto riesgo.

“Yo, entre el miedo de que pasara algo y mi falta de conocimiento en aquel momento, pues obviamente me dejo guiar por el doctor. Lo que nos da esa seguridad es él, que se supone que es el experto”, relató la mujer, quien entonces tenía 25 años de edad.

Sin embargo, Rivera comenzó a tener contracciones la noche antes del procedimiento quirúrgico y, en lugar de ser atendida su labor de parto en el hospital, tuvo que esperar por el médico y fue sometida finalmente a la cesárea en la fecha estipulada.

Para Rivera, el proceso fue “caótico”. Aunque la anestesiaron, ella sintió cómo el bisturí abría su piel y rompía los tejidos “a sangre fría”. Insistió en que sentía todo lo que le hacían, pero sus quejas fueron ignoradas. Las enfermeras minimizaron reiteradamente sus advertencias, indicando que era normal sentir movimientos, mas no dolor.

Explicó que su cuerpo entró en estado de shock, tras lo cual la sedaron completamente. Habiéndose convertido ya en madre sin estar consciente, despertó desorientada y conmocionada.

Durante las citas posteriores a la cirugía, el obstetra justificó la intervención argumentando que existía la posibilidad de que la placenta se estuviera deteriorando por el tiempo de gestación. No obstante, Rivera enfatizó que nunca recibió evidencia clínica, documentos, resultados de pruebas ni explicaciones detalladas que respaldaran tal afirmación. A su juicio, la respuesta fue insuficiente.

En la actualidad, más de la mitad de los nacimientos registrados en Puerto Rico ocurren mediante cesárea. Los casos de cesáreas programadas como la de Rivera, por tanto, están lejos de ser la excepción.

Ya no solo es vox populi que las cesáreas se calendarizan de manera cotidiana en un país que tiene apenas 25 salas de parto y escasez de obstetras, sino que el propio Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico lo ha confirmado en este reportaje.

De acuerdo con el informe anual de estadísticas vitales de Salud, el 50.6% de los nacimientos registrados en el 2023 ocurrieron mediante cesárea. Este es el informe más reciente disponible en el portal de la agencia y una petición de información para que se proveyeran datos más recientes no fue contestada.

El procedimiento ha aumentado un 67% en los pasados 36 años en Puerto Rico. En un informe publicado por el National Center for Health Statics (NCHS), adscrito al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se destaca que Puerto Rico lleva décadas presentando tasas de cesáreas superiores a las de los Estados Unidos continentales.

Los números resultan extraordinarios tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre el 10% y el 15%.

Entre principios de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, la tasa de cesáreas en Puerto Rico aumentó de poco más del 30% a más del 40%. Durante ese período, las tasas en Puerto Rico fueron entre 40% y 70% más altas que las del territorio continental de Estados Unidos y hasta 78% superiores que las observadas entre mujeres hispanas residentes allá.

No debe existir controversia en el hecho de que la evolución de la medicina, que incluye innovación en cuanto a procedimientos, tratamientos y fármacos, ha ayudado a salvar las vidas de madres y bebés. La OMS ha establecido que la cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para reducir la morbimortalidad materna y perinatal.

Sin embargo, su aplicación rutinaria, sin que medie una justificiación médica que tenga como norte poner a salvo a la persona gestante o a su cría, resulta en un problema con múltiples ramificaciones. En ese sentido, la cesárea se considera un tipo de violencia obstétrica.

La violencia obstétrica, por su parte, es considerada una violación de derechos humanos y un tipo de violencia de género.

En una declaración de la OMS, se establece que en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación.

La partera profesional certificada, salubrista y educadora perinatal Paloma del Mar Hernández Quiñones definió la violencia obstétrica como una manifestación de violencia de género que no ocurre únicamente dentro de hospitales o consultorios médicos, sino que abarca un escenario más amplio relacionado con servicios y atención.

Más allá de prácticas como inducciones o cesáreas rutinarias, la violencia obstétrica también incluye una variedad de acciones como tactos vaginales sin consentimiento, intimidación, coerción, presión, negación de información y limitar la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, detalló.

Hernández Quiñones también mencionó que se han registrado casos de cesáreas e inducciones que han sido justificadas verbalmente por supuestas complicaciones, pero cuyos expedientes reflejan diagnósticos diferentes o incluso registran que la cesárea fue solicitada por la madre, sin que esta comprendiera plenamente la información o el motivo del procedimiento.

A falta de política pública adecuada, sostuvo, se limita el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones informadas, conocer las alternativas disponibles y tener acceso a las herramientas y recursos existentes dentro de la comunidad o del sistema de salud.

“En Puerto Rico, con tener un [resultado] positivo [a embarazo], prácticamente se vende la idea de que se cancela [la capacidad de decidir de la persona gestante] porque la prioridad pasa a ser que todo esté bien para bebé y los derechos que tú como persona y ser humana tienes, pasan a segundo plano”, indicó.

“Pero realmente tienes todos los derechos que están cobijados en la Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes”, reiteró Hernández Quiñones, quien también fue doula.

Conocer los derechos durante el embarazo, parto y posparto permite a las personas gestantes tomar decisiones informadas sobre su atención médica, al contar con información clara sobre beneficios, riesgos y alternativas disponibles para ejercer autonomía sobre su cuerpo y proceso de parto, recalcó la partera.

En Puerto Rico, las cesáreas injustificadas tienen una dimensión adicional.

“Es un problema de salud pública y bastante desatendido porque se queda en la narrativa”, afirmó la partera Hernández Quiñones.

Aunque desde la Legislatura se han presentado propuestas como el Proyecto del Senado 445, que buscaba reconocer la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos y crear un mecanismo de acción civil para atender estos casos, y el Proyecto del Senado 225, que proponía crear un registro público de las tasas de cesáreas por obstetra y establecer que estas intervenciones respondieran exclusivamente a criterios clínicos, ninguna de estas medidas ha prosperado. Esto, pese a los reclamos de organizaciones como Proyecto Matria, así como de profesionales vinculadas a la partería, que han abogado por reconocer la violencia obstétrica y fortalecer los derechos de las personas gestantes.

La senadora María de Lourdes Santiago considera que este problema trasciende el ámbito clínico. A su juicio, es “una combinación de todo” y “sobre todo un reflejo del empobrecimiento económico institucional del país”.

Una investigación del medio periodístico Todas publicada en mayo de este año encontró que, aunque había 468 médicos con especialidad en ginecología y obstetricia con licencia vigente para ejercer en la isla, solo 63 ginecólogos obstetras atendían a esa fecha a mujeres embarazadas y personas gestantes hasta el momento del parto, distribuidos en apenas 24 pueblos.

Todas también indicó que en el 2017 había 36 salas de parto en el país, cifra que se redujo a 25 en el 2026. La mayoría ubica en las zonas urbanas.

“Para poder tener una sala abierta y [solventar] los costos…tienen que haber nacimientos, lo cual no hay”, expuso el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez, en entrevista para este reportaje.

El galeno puntualizó que Puerto Rico pasó de registrar aproximadamente 60,000 nacimientos anuales a menos de 20,000 en un período de alrededor de 14 o 15 años. Desde su perspectiva, esta caída llevó a los hospitales a cerrar las salas de parto por inviabilidad económica.

Además, dijo que la emigración de ginecólogos obstetras y la escasez de personal hospitalario generan un ambiente de incertidumbre que compromete la atención de las pacientes y sus bebés.

Aunque aclaró que no justifica la alta tasa de cesáreas en Puerto Rico, atribuyó parte de ese fenómeno a las limitaciones que enfrenta el sistema de salud.